MADRID, 15 DE JUNIO DE 2012.- Derecho a Vivir pide al Gobierno y a las Comunidades Autónomas que “no cedan a la inaceptable presión de la industria abortista para ser la única que no sufre la crisis, a costa de miles de vidas humanas y del dinero de los contribuyentes”, dijo Gádor Joya, portavoz, este viernes.

La iniciativa DAV ha lamentado “la desfachatez de los empresarios del aborto”, que este mismo viernes han comparecido para preguntar por los ocho millones de euros que dicen que le adeudan las Comunidades Autónomas por practicar unos 113.000 abortos al año, al amparo de la llamada Ley Aído.

“Esto de aparecer en público, en medio de la peor crisis económica, con cerca de cinco millones de personas en paro, para preguntar qué hay de lo mío da una medida de la falta de humanidad y la codicia de esta industria violenta”, comentó Gádor Joya.

"No son una ONG que da de comer y techo a las personas necesitadas, son profesionales que se han hecho muy ricos eliminando vidas humanas en su estado más indefenso", recordó.

La médico y activista recordó que el patrimonio de estos empresarios “depende directamente del número de vidas segadas y de una ley injusta, que obliga a los contribuyentes a pagarles su tren de vida”.

“Es elocuente que, mientras todos sufrimos los recortes del gasto público, la industria del aborto pretenda que el dinero público siga fluyendo como si nada a su siniestro negocio”, apuntó Gádor Joya.

La portavoz DAV compara “la codicia” de la patronal del aborto ACAI con la de “los directivos de cajas de ahorros y bancos que, después de arruinar a sus accionistas, pretenden irse de rositas con indemnizaciones millonarias”.

“El aborto arruina vidas humanas, las vidas que elimina y las vidas de muchas mujeres cuya salud daña. La sociedad no puede, encima, hacer aún más ricos de lo que ya son a los responsables de una catástrofe humanitaria así”, comentó Gádor Joya.

DAV estima en unos 58 millones de euros por año la financiación pública del aborto en España, desde la aprobación de la Ley Aído.  

La iniciativa cívica presentará en las próximas semanas la campaña Aborto Cero para pedir en el Congreso, mediante una campaña ciudadana de firmas, que las Administraciones dejen de pagar la factura del aborto y la reforma que el Gobierno prepara de la Ley del Aborto proteja la vida humana y apoye la maternidad con un plan integral de natalidad.