La Universidad de Málaga suspende de empleo y sueldo al secretario de Política de Podemos

La Universidad de Málaga suspende de empleo y sueldo al secretario de Política de Podemos

Íñigo Errejón cobraba desde marzo pasado y como 'investigador' 1.825 euros al mes por 40 horas semanales y presenciales
Pero él mismo reconocía que no "no podía dedicarle el tiempo necesario" por sus actividades políticas
La UMA abre también expediente disciplinario al supervisor del proyecto, Alberto Montero, igualmente de Podemos

Íñigo Errejón cobraba como 'investigador' 1.825 euros al mes, aunque él mismo admite que "no podía dedicarle el tiempo necesario". La UMA abre también expediente disciplinario a su supervisor, Alberto Montero, igualmente de Podemos.

REDACCIÓN HO.- La Universidad de Málaga suspende temporalmente a Íñigo Errejón, secretario de Política de Podemos, y le abre expediente disciplinario -susceptible de ser recurrido-. La UMA adopta la misma medida respecto al responsable de la investigación, en profesor Alberto Montero, también miembro de la formación de ultraizquierda liderada por Pablo Iglesias. 

La resolución de la Universidad malagueña se deriva del expediente informativo que incoó esta institución el pasado 21 de noviembre, para aclarar si Errejón incumplió sus obligaciones laborales y si vulneró la Ley de Incompatibilidades al participar en un proyecto de investigación, concretamente si era compatible que se dedicara a un proyecto de este tipo y al mismo tiempo tuviera otros ingresos, en este caso de Podemos

Hay que  recordar que el contrato fijaba 40 horas semanales y presenciales, y ese sueldo de 1.825 euros al mes que viene cobrando desde el pasado mes de marzo. El mismo Errejón pidió dejar de colaborar con esta investigación porque "no puede dedicarle el tiempo suficiente" por sus responsabilidades políticas. Dicha relación laboral fue suscrita por Errejón con cargo al contrato de servicios suscrito por la Universidad con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, para el proyecto investigador.  

En el caso del profesor colaborador Alberto Montero, la apertura del expediente está relacionada con su obligación de supervisar y controlar el cumplimiento de la tarea como responsable del proyecto de I+D+i, que se denomina 'La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda".  Montero solicitó su elaboración en una convocatoria de la Consejería y le fue concedida.

El proyecto preveía contratar un investigador externo y la Universidad de Málaga lo hizo a través de una convocatoria pública, para lo que fijó un perfil que exigía -entre otros requisitos- ser doctor en Ciencias Políticas y a la que únicamente concurrió Íñigo Errejón, que ganó el contrato en marzo pasado. 

Alberto Montero presentó ante la Consejería de Fomento, financiadora del proyecto, informes periódicos trimestrales de los resultados y en septiembre comunicó a la Universidad que Errejón no podría seguir desempeñando su labor como contratado, por lo que solicitó que se volviera a convocar su plaza. La Universidad malagueña lo hizo el 8 de octubre en una convocatoria hasta el 22 de octubre, pero no concurrió nadie. La presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz, llegó a asegurar en su día que Errejón tendrá que devolver el dinero que ha recibido para una tarea de investigación "si no ha trabajado o actuado correctamente". Veremos si se cumple.

La decisión de la UMA agota la vía administrativa, aunque se puede interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes ante la rectora, Adelaida de la Calle, que firma el documento, o un recurso contencioso-administrativo. Antes de hacerse efectiva la medida cautelar de la suspensión de funciones (empleo y sueldo) de Errejón, contratado en régimen laboral hasta el 16 de diciembre como investigador externo, pueden alegar lo que consideren oportuno tanto él como el comité de empresa en un plazo de diez días..

El procedimiento disciplinario se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal; se oirá a los afectados, que podrán aportar la documentación que consideren, y, en caso de demostrarse los hechos denunciados, se adoptará una resolución en forma de sanciones.