Alumnos y padres de un colegio religioso de Godella (Valencia), nuevas víctimas de los ‘escraches’

Alumnos y padres de un colegio religioso de Godella (Valencia), nuevas víctimas de los ‘escraches’

Los padres expresan su malestar y el temor de los menores, "que no entienden nada"
El AMPA advirtió de la preocupación y responsabilizó a los convocantes y a quienes "lo alientan y lo permiten"
La protesta no fue autorizada, pese a lo cual se realizó y se mantuvo el resto de convocatorias
Un problema generado por el PSOE y mantenido con su actual tripartito con EU y Compromís

Pese a la preocupación expresada de antemano por el AMPA, alumnos y padres tuvieron que salir por la puerta de atrás ante la primera de las protestas no autorizadas de un grupo vecinal, por una sentencia del Supremo que da la razón a las monjas que gestionan el centro en un caso de expropiación.

REDACCIÓN HO.- Los alumnos y padres del colegio Sagrado Corazón de Godella tuvieron que salir ayer tarde, hacia las 16.30 horas, por la puerta trasera del centro, la de los autobuses, para evitar el primero de los “escraches’ convocados por la un grupo de vecinos unidos en la llamada Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas  frente a la puerta principal.  La protesta, que es la primera de una serie de convocatorias que han realizado estos vecinos, se establece contra una sentencia judicial que ordena al Ayuntamiento de esta localidad valenciana el pago de de 16,5 millones a las religiosas que dirigen el colegio, que ganaron en el Tribunal Supremo la expropiación del parque público de la Dehesa, situado en el interior del centro escolar.

La plataforma vecinal ha señalado que se concentrará todas las tardes de esta semana frente al colegio, a las 16.00 horas coincidiendo con la salida delos escolares, para reclamar una negociación entre las religiosas y el ayuntamiento. Ante la puerta principal se congregaron alrededor de 50 vecinos, con carteles contra el pago que, dicen, supone una “ruina” para el consistorio. El despliegue policial era amplio con varios coches de la Policía Local y Nacional en la plaza circular y una docena de agentes situados en diferentes puntos. 
El colegio había avisado de que la salida de los escolares por la tarde, durante toda la semana, se realizará sólo por la puerta de los autobuses. Allí se congregaron decenas de padres, “molestos y fastidiados” con la concentración porque, según explicaron, los vecinos no debían concentrarse frente al colegio porque los «alumnos ni saben de qué va este conflicto ni las monjas están ya aquí, sino que negocian desde Barcelona», explicaban los padres.

 «Estaban durante el fin de semana asustados, porque no les dejaban salir por la puerta principal y no entendían nada», añadieron. Otros ni siquiera querían expresar su malestar. «Es un problema heredado de un alcalde anterior, y por tanto deberían protestar ante el consistorio», añadió otra madre.
El director del colegio Vicent Castillo, declinó hacer declaraciones sobre la postura del colegio y sólo confirmó que se había cambiado la salida para evitar a los manifestantes, al tiempo que deseó que poco a poco escame la polémica.

Preocupación del AMPA

Se da a circunstancia de que, previo al inicio de estas concentraciones ante el colegio, los padres y madres del AMPA del Sagrado Corazón de Godella emitieron un comunicado en el que aseguran estar «profundamente preocupados» ante el anuncio de estas movilizaciones.

Las protestas, que estaban anunciadas también hasta el jueves de la semana que viene, se convocan para las 16:00 horas, coincidiendo con el horario de recogida de sus hijos. «Queremos hacer responsable de cualquier alteración del orden público, no solo a los convocantes, sino también a todos aquellos que lo alientan, y lo permiten», indicó el AMPA, «ya que la intención de los convocantes es el no acatamiento de una sentencia, en la que los padres y los alumnos del Sagrado Corazón de Godella no tenemos nada que ver».

Además, informaron de que están realizando gestiones «para garantizar la seguridad de los alumnos y de los padres». «Vamos a remitir esta carta al Ayuntamiento de Godella, recordándole que ha de poner los medios suficientes para velar por la seguridad en los alrededores del Colegio y que, de producirse algún altercado, ellos serían los máximos responsables», alegaron.

Un problema generado por el PSOE y mantenido con su actual tripartito

Por su parte, el Partido Popular de Godella informó que está «radicalmente en contra» de los «escraches» convocados durante toda la semana y destacó que la manifestación convocada para el 8 de febrero no contaba con autorización de la delegación de gobierno, al no haberse solicitado dentro del plazo legalmente establecido, por lo que «no deberían contar con el respaldo municipal.

Según explicó el portavoz del Grupo Popular municipal, José María Musoles, el pago de esta sentencia es «un problema generado por el Partido Socialista, que gobernaba el municipio y que al elaborar el PGOU de Godella en 1990 adoptó una decisión contraria a la voluntad mayoritaria del municipio, que en más de un 65 % se mostró contrario a las pretensiones recogidas en el referido PGOU para cambiar la calificación del suelo de dotacional privado a público».

Musoles alega que «el problema» lo hubiera podido solucionar el actual tripartito (PSOE, EU, Bloc Compromís) quienes en la legislatura pasada, al igual que en esta, gobernaban el municipio. Según Musoles, los servicios jurídicos del ayuntamiento presentaron, en fecha 31 de julio de 2007, al entonces Alcalde, Salvador Soler, un informe donde se recogía «la posibilidad de solucionar el conflicto, planteando como vía para finalizar el mismo cambiar el objeto de la expropiación, lo que produciría que decayera el objeto por el cual se litigaba ante los tribunales». El popular critica que la recomendación «se guardó en un cajón, pretendiéndose adoptar aquella solución planteada cinco años después, en el año 2012». Según informa, «el actual tripartipo acordó convocar en el mes de septiembre, apenas 5 días antes que el Tribunal Supremo emitiera Sentencia, un Pleno Extraordinario y Urgente para adoptar la propuesta que ya los Servicios Jurídicos habían planteado en 2007». «Como era de prever se llegó tarde, el Tribunal Supremo no atendió la solicitud», explica.