El TC limita la libre elección de centro a los padres de alumnos con necesidades educativas especiales

El TC limita la libre elección de centro a los padres de alumnos con necesidades educativas especiales

El caso se remonta al año 2010, cuando los padres de un niño autista de ocho años fueron denunciados por absentismo escolar y abandono de familia
No querían escolarizar a su hijo en un centro especial, y pedían los apoyos necesarios para que cursara en un centro ordinario
Fueron imputados por un delito de abandono familiar y fueron recurriendo la decisión hasta el llegar al Constitucional, que ahora avala los fallos anteriores en su contra
El fiscal y dos magistrados del alto tribunal discrepan: no se acredita por qué el menor no puede recibir los apoyos que necesita en un centro ordinario
La LOE prohíbe la discriminación y obliga a la Administración a facilitar los medios necesarios para la escolarización en centros ordinarios

Los padres de un menor palentino autista se negaban a su escolarización en el centro de educación especial que indicaba la Junta,  a la que da la razón el TC. Del fallo discrepan el fiscal y dos magistrados, por no acreditarse por qué no cabe darle los medios que necesita para su integración en un centro ordinario.

REDACCIÓN HO.-  Daniel y sus padres han perdido la última batalla que han librado en los tribunales españoles, solo les queda ya recurrir a Estrasburgo. El niño autista de 11 años de Palencia, cuyos progenitores lo mantenían sin escolarizar desde los 8 años reclamando ayudas para mantenerle integrado en un centro ordinario, tendrá que ir a un colegio de educación especial como estableció en su día la Junta de Castilla y León.

Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional que ha concluido -con dos votos particulares y contra el criterio fiscal-, que el derecho fundamental a la elección de centro que consideraba vulnerado su familia, no implica que los padres del niño puedan desobedecer la orden de la Consejería de Educación de esa comunidad, porque no incluye la selección de un colegio ordinario cuando la Administración pública haya decidido que un centro de educación especial es la mejor opción para el alumno. 

Cheque escolar, ya

Desde ChequeEscolar.org, consideramos que el fallo supone un peligroso precedente frente al derecho de los padres como primeros educadores y con ello, a decidir la educación que desean para sus hijos. Como señala Blanca Escobar, portavoz de la plataforma educativa de HazteOir.org, "la falta de medios o de recursos económicos nunca puede ser un motivo para negar el ejercicio de este derecho, ni para discriminar a los alumnos con necesidades educativas especiales" que, según los últimos datos, suman unos 141 mil escolarizados en toda España, de los que un 79% cursan en centros ordinarios. 

"Menos aún -recuerda Escolar- cuando los expertos consideran que lo más positivo es su integración en centros ordinarios, facilitándoles los medios específicos que precisen a través de las áreas de atención a la diversidad". Por ello insistimos e que con la implantación del cheque escolar en toda la etapa de educación obligatoria, contenciosos como este no tendrían que darse.

Como añade Escobar, "el cheque escolar es un sistema de financiación de la educación por el cual el Estado atribuye a las familias una cantidad de dinero por cada hijo en edad escolar. De este modo el Estado financia la educación de sus ciudadanos, sin embargo en vez de financiar a los centros educativos financia a los educandos, que son los verdaderos sujetos del derecho a la educación. La cantidad atribuida a las familias estaría en relación con el coste medio del puesto escolar. Es un sistema  eficaz, avalado por los sistemas educativos de mayor éxito y calidad, como los de los países nórdicos". En el caso concreto de Suecia, fue introducido en 1992 por un gobierno liberal y mantenido posteriormente por gobiernos socialdemócratas. El cheque permite escoger entre escuelas estatales o de iniciativa social y financia el 85% del coste. En Dinamarca el sistema es similar al sueco. Existen también programas de cheque escolar en Italia y en diversos lugares de Estados Unidos, como Milwaukee, Cleveland, Maine, Vermont , Florida y Colorado.

La  polémica sentencia del TC

La sentencia de la Sala Primera del Alto Tribunal desestima el recurso de amparo presentado por los padres, que reclamaban a la Junta de Castilla y León los apoyos necesarios para que pudiera ser escolarizado en un centro ordinario, y no enviarle al centro de educación especial que proponía el gobierno autonómico. El fallo, del que ha sido ponente el magistrado Santiago Martínez, reconoce que el derecho a la educación se entiende como "libertad de los padres para elegir un centro docente", una libertad que "comprende la facultad de elegir el centro docente, incluyendo la de escoger un centro distinto de los creados por los poderes públicos". Sin embargo, aprecia que no incluye "el derecho de los padres a escolarizar a su hijo en un centro ordinario de educación, en lugar de en un centro de educación especial, pues ello vendrá condicionado a la acreditación por parte de las autoridades competentes de las necesidades educativas específicas del menor".

El Alto Tribunal también admite que la Ley Orgánica de Educación -ahora vigente, aprobada por el Gobierno Zapatero- prohíbe la discriminación de los alumnos con discapacidad y propone la "escolarización inclusiva", obligando a la Administración a facilitar las herramientas necesarias para la escolarización en centros ordinarios, pero añade que esta norma cede cuando "los ajustes que deba realizar para dicha inclusión sean desproporcionados o no razonables".  En estos casos, añade, "podrá disponer la escolarización de estos alumnos en centros de educación especial" y "deberá exteriorizar los motivos por los que ha seguido esta opción". 

Frente al criterio fiscal

La sentencia del Constitucional explica cómo desde que el menor ingresó en el sistema educativo, con tres años, los profesores advirtieron de su "grave discapacidad". Los técnicos de la Junta aconsejaron que el niño fuera matriculado en un centro público de educación especial, donde se pudieran atender sus necesidades. Según los especialistas, Daniel necesitaba "una atención individualizada y constante del profesor" en grupos  pequeños que no superasen los cuatro alumnos. Ante la negativa de los padres a obedecer a la Junta y su decisión de no escolarizarlo, el director general de Educación de esa comunidad en Palencia denunció a los padres ante la fiscalía por abandono, ya que la escolarización es obligatoria por ley en España desde los seis a los 16 años.

Para el ponente, la Resolución impugnada "permite concluir que se exteriorizaron en la misma las razones que condujeron a la decisión de escolarización adoptada en un centro de educación especial y que éstas, además, son coherentes con la finalidad principal que se pretende, que el menor satisfaga adecuadamente sus necesidades educativas especiales". Según la Sala, no se puede hablar de vulneración de los derechos a la educación y a la igualdad por déficit de motivación de la resolución, argumento que esgrimía el fiscal para apoyar parcialmente a los demandantes. "De la consideración del expediente educativo del alumno en su conjunto se puede deducir sin dificultad que dicha Resolución sí justifica la decisión de que el alumno continúe escolarizado en un centro de educación especial, ponderando sus especiales necesidades educativas", afirma.

Además, concluye que como la administración educativa ha acreditado que la educación especial es la más indicada "en interés del menor", "no es necesario proceder a una ponderación acerca de si los ajustes que precisa pueden ser o no prestados en un centro de educación ordinario, pues dicha decisión de escolarización lleva implícito, en atención a la grave discapacidad del alumno y a la atención individualizada que requiere, que sus singulares necesidades educativas estén mejor atendidas en un centro de educación especial más que en el marco de la educación general de los centros ordinarios".

El Tribunal Constitucional descarta finalmente que la decisión de escolarizar al niño en un centro de educación especial suponga un trato degradante, pues para ello sería precisa "la concurrencia de una humillación o un envilecimiento que alcance un mínimo de gravedad", situación que no se produce en el presente caso.

Dos votos particulares discrepan con el fallo

La sentencia cuenta con el voto particular discrepante del los magistradosLuis Ignacio Ortega y Juan Antonio Xiol, que  han redactado un voto particular discrepante con la sentencia al compartir el criterio de la Fiscalía, sosteniendo que la resolución impugnada "no analiza expresamente ni explica los motivos de por qué los apoyos que precisa el menor no pueden ser prestados en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios".Pero estos argumentos, si la familia lo estima pertinente, deberán hacerse valer ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el único al que, a partir de ahora, Daniel y sus padres, pueden seguir recurriendo.

"Hablan los padres: ¿Cómo se puede hablar de abandono?"

El caso se remonta al año 2010, cuando los padres del Daniel, de ocho años -que actualmente lleva ocho años sin escolarizar-, fueron denunciados por absentismo escolar y abandono de familia. Se negaban a escolarizar a su hijo en un centro de educación especial, querían un colegio ordinario equipado con los apoyos necesarios para su completa integración y acusaban a la Junta de Castilla y León de vulnerar su derecho a elegir en este sentido. El menro lleva así cuatro años sin escolarizar.

¿Cómo pueden hablar de abandono? Si me paso las 24 horas del día con él”, indicaba Azucena Ortega, la madre de Daniel (en la fotografía de esta noticia). Ortega, de 45 años, cuenta que nunca aceptaron que su hijo vaya a un centro de educación especial, por lo que prefieren tenerle en casa. “Hacemos nuestros ejercicios de lectura global (con dibujos y letras), y trabajamos los números”, explica la madre. Está convencida de que tiene todo el derecho de exigir que su hijo vaya al centro ordinario, y a que la consejería ponga todos los medios posibles para que sea así. 

El caso es que en 2012, el Juzgado número 1 de Primera Instancia de Palencia les imputó un delito de abandono familiar. La Consejería de Educación de Castilla y León dictó una resolución acordando la continuación de la escolarización del niño en un centro de educación especial, decisión que fue confirmada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palencia y por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La familia siguió recurriendo, hasta llegar al Constitucional.

La sentencia del TSJCL, tras la lectura de los informes de los técnicos y psicopedagogos de la consejería, concluyó en octubre de 2012: “Daniel necesita algo más, mucho más que ajustes razonables respecto a lo que precisan sus compañeros de edad similar [...] Una cosa es que Daniel, con su total dignidad de persona tenga derecho a la educación y a integrarse en la educación ordinaria y a que se le presten ayudas y apoyos para lograrlo y otra muy diferente que toda la educación ordinaria de un aula ordinaria se transforme, de hecho, en un aula especial solo en su favor; ello excede la razonabilidad”.

Apoyo de expertos en favor de la inclusión

"Yo apoyo completamente a la familia. Se trata de cambiar la mentalidad. La Convención de la ONU obliga a cambiar las políticas educativas y se debe escolarizar a los niños en el tipo de centro que decidan los padres”, señala tajantemente ante los medios, el pasadi abril, el profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid Gerardo Echeita, que trabajó en el Centro Nacional de Recursos para Educación Especial del Ministerio de Educación entre 1986 y 1996. “Es verdad que se trata de apoyos muy complejos, extensos y continuados, pero es la sociedad que queremos y que hemos decidido [la que fomenta la inclusión]”, añade el profesor. 

“Nosotros estamos a favor por principio de la educación inclusiva en los centros. No conocemos el detalle de este caso, ni sabemos si el grado de apoyo que necesita este niño es tal que hace imposible su escolarización en un centro ordinario, pero lo que está claro es que el perjudicado nunca puede ser el niño, ni porque la Administración no ponga los recursos necesarios ni porque los padres quieran demostrar algo y hacer valer un derecho”, señalaba Christian Loste, director de la Federación de Autismo de Madrid.

"No puede ser cuestión de dinero o de recursos"

La asociación Solcom, que ha apoyado a la familia en todo el proceso, mantenía sin embargo que, independientemente del grado de discapacidad, siempre hay opciones de atención integrada en los centros ordinarios, aunque una parte del horario se haga en recursos específicos lejos del resto de compañeros. “Da igual el grado de autismo; es por ley, por la Constitución y por la Convención de la ONU. Y no puede ser cuestión de dinero o de recursos, como demuestra el País Vasco, donde en la etapa primaria [de 6 a 12 años], no hay centros de educación especial, se atiende a todos en los centros ordinarios”, aseguró su coordinadora, Itziar Fernández.

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales

  • Centros específicos e inclusión. En España hay 482 centros de educación especial. Estos atienden a algo más de 31.000 alumnos, es decir, el 21% del total. El resto, más de 110.000, están integrados en colegios e institutos ordinarios. La mitad tiene discapacidad física. El 49,3% de los alumnos con necesidades especiales sufre discapacidad psíquica, según la estadística oficial del curso 2010-2011. Otro 27,3% sufre trastornos graves de personalidad. El resto tiene discapacidad motora (8,9%), auditiva (5%), visual (2%). Los demás tienen lo que se llama “plurideficiencias”.
  • Lo que dice la LOE. “La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión [...] La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.
  • Lo que dice la ONU. “Los Estados reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación [...] Al hacer efectivo este derecho, los Estados asegurarán que: [...] c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación”.La ONG Solcom apela a estos puntos de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dice que en algunos casos, como el de Daniel, se superan esos “ajustes razonables”.