REDACCIÓN HO.-  El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, ha apostado este viernes por limitar a los "básicos" los servicios en materias como Educación y Sanidad dentro de unas reformas estructurales que debe acometer el Gobierno para reducir los gastos de las comunidades autónomas.

El consejero madrileño se ha referido al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado ayer y ha dicho que la "prioridad" tiene que estar en estas reformas estructurales relacionadas con "el modelo autonómico" y el de la administración pública española "tal y como funciona hoy por hoy".

Así, ha explicado que algunas comunidades autónomas apuntaban ayer a los costes de la sanidad. "Para que podamos equilibrar las cuentas tenemos que ser más eficaces y nadie está hablando de quitar servicios básicos que se prestan desde las administraciones pero sí que se puedan reducir los costes de la sanidad pública", ha dicho.

En este sentido, también se ha referido a la educación y ha señalado que la "obligación" que marca la Constitución Española es que las administraciones tienen que encargarse de la enseñanza básica y que, sin embargo, "hoy por hoy están dando otros servicios en educación que no son básicos".

Manglano ha indicado que la Comunidad de Madrid se presentó ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, "no para pedir más déficit" sino "para pedir más ahorro". "Creo que las comunidades autónomas que están pidiendo tener más déficit son libres de hacerlo pero lo que nos exigen hoy por hoy es tener mayor capacidad de ahorro y equilibrar las cuentas", ha espetado.

Aborto Cero

«Si se dejara de financiar el aborto desde la Sanidad Pública, el Estado ahorraría unos 57 millones y medio de euros cada año (115.000 abortos a unos 500 euros), un total de 230 millones de euros en esta legislatura», explica la doctora Gádor Joya, coordinadora de Derecho a Vivir (DAV).

Derecho a Vivir denuncia, más allá de las implicaciones económicas, que «el trato recibido por el aborto en la Sanidad española no deja de ser paradigmático, pues se trata de una actuación que contraviene la praxis médica, en la que se mata a un ser humano en vez de sanarle, que es pagada con los impuestos de todos los españoles y que supone el principio de un sufrimiento psicológico y físico para la mujer gestante». Además, subraya Gádor Joya, se da la casualidad de que «es una de las pocas actuaciones posibles en un hospital que no tiene lista de espera, mientras que operaciones que buscan la salvaguarda de la vida se retrasan durante meses en contra del interés del paciente».