Monti recorta drásticamente la burocracia italiana
I. Fernández | Sáb, 07/07/2012 - 12:21
REDACCIÓN HO.- Estas medidas son parte del nuevo plan de ajuste que obtendrá un ahorro de 26.000 millones de euros hasta el año 2015.
Mario Monti es un presidente inusual, es un tecnócrata. Un profesional especializado en economía que ahora desempeña el cargo público más importante en Italia, y su función es aplicar medidas eficaces que persiguen el bienestar social al margen de consideraciones ideológicas.
Se trata de un primer ministro preparado, que ha crecido fuera de la política, y que ahora le toca la difícil tarea de resolver los grandes problemas de Italia. Tiene a su favor que no le debe nada a los partidos políticos, pues no ha hecho carrera en ellos. Y sorprende lo fácil que le resulta soltar amarras.
Su principal misión: adelgazar al Estado para reducir el déficit y la deuda, tranquilizar a los inversores y facilitar así a medio plazo el crecimiento económico.
Las medidas aplicadas son muy drásticas, resumimos los puntos reseñados por Darío Menor en La Razón:
Serán prejubilados o despedidos el 10% de los funcionarios públicos y el 20% de los cargos directivos, lo que supone que entre 250.000 y 300.000 trabajadores públicos irán a la calle. Se piensa que la mayoría a través de prejubilaciones. El número de asalariados con que cuenta el Estado italiano pasará de los 3,25 millones de ahora a menos de 3 millones.
Otra de las medidas más sorprendentes es la supresión de casi la mitad de las 110 provincias italianas. A partir de ahora deberán englobar al menos 350.000 habitantes y 50 ayuntamientos. De esta forma sólo quedarán 60 provincias, diez de las cuales serán áreas metropolitanas de las ciudades más grandes del país.
La factura de la Justicia se verá adelgazada por medio de la supresión de 37 tribunales.
Lo mismo ocurrirá con el coste de la política, pues se recorta a la mitad el dinero dedicado a pagar los coches oficiales.
Pero Sanidad también padecerá recortes. Se eliminarán 18.000 camas de los hospitales y se reducirá el gasto farmacéutico para ahorrar 5.000 millones de euros.
Uno de los beneficios sociales que producirá el ahorro, será que se extenderán las ayudas a 55.000 de los prejubilados que se habían quedado sin trabajo y sin pensión.
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