Las instituciones europeas consideran que la información que promueve la automutilación o el suicidio, o la apología de la homosexualidad, debe llegar libremente a los menores. 

REDACCION HO.- Una vez más, las instituciones europeas revelan su carácter sectario, reaccionario e inquisitorial y se ponen al servicio del adoctrinamiento y el radicalismo extremista.

El parlamento de Lituania aprobó este verano con 67 votos a favor, 3 votos en contra y 4 abstenciones unas enmiendas a su ley sobre la protección de los menores. Se trataba para los legisladores lituanos de defender a los menores de su país de los efectos perjudiciales que pudieran ejercer sobre ellos determinadas informaciones e imágenes que a menudo transmiten, por ejemplo, los medios de comunicación, pero que también están presentes en la educación.

Las enmiendas aprobadas por abrumadora mayoría por los parlamentarios lituanos, y referidas únicamente a la legislación de su propio país, enumeraban las informaciones de las que se debía preservar por ley a los menores. Entre ellas se especificaban las siguientes: la representación de la violencia física, las imágenes de cuerpos mutilados, la información que promueve la automutilación o el suicidio, o la apología de la homosexualidad.

Los lobbys internacionales y los grupos lituanos que se sintieron aludidos por estas modificaciones legislativas empezaron a moverse. Y mientras en Lituania se debate el asunto, las siempre entrometidas instituciones europeas, prontas al paternalismo neocolonial con los países recientemente incorporados y con todos aquellos que no se plieguen al pensamiento políticamente correcto del "progresismo" continental, empezaron a inmiscuirse en asuntos que deberían quedar alejados de su actividad.

Esta semana el parlamento europeo ha adoptado una resolución contra la voluntad de los parlamentarios elegidos democráticamente por los lituanos, inmiscuyéndose en las leyes nacionales de un país miembro:

"El Parlamento Europeo señala que la ley sobre la protección de los menores contra los efectos perjudiciales de la información pública, adoptada por el Parlamento lituano el 14 de julio de 2009, no está todavía en vigor y se requiere una revisión antes de que dicha entrada en vigor se produzca."

Con resoluciones de este tipo, las instituciones europeas, manifiestamente inútiles en los asuntos que realmente conciernen a los ciudadanos de la Unión, vuelven a demostrar que, más allá de la cháchara políticamente correcta, están en realidad al servicio de las iniciativas más extremistas.

Cada europarlamentario cobra al mes 7.665 euros brutos.

Más una serie de complementos, extras y dietas que, convenientemente pasadas por la picaresca propia de la burocracia institucional europea, pueden multiplicarse por...