La ley de Educación de Cataluña, hecha para la sumisión

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REDACCIÓN HO.- Para CONCAPA, la Ley de Educación de Cataluña, aprobada por una mayoría nacionalista del Parlamento, "es en realidad una ley de sumisión. La imposición del catalán como única lengua vehicular del sistema educativo es la exigencia para todos los castellano-parlantes, y para los alumnos procedentes de otros países, de someterse a la imposición de unos grupos políticos únicamente preocupados por crear una sociedad dominada y aletargada que les permita perpetuarse en el poder".

CONCAPA califica asimismo la ley de "lastre para los propios catalanes, a los que se niega una formación adecuada en el idioma común de España, limitando sus posibilidades en un mundo cada vez más globalizado. Una región como Cataluña, cosmopolita y ejemplo tantas veces de universalidad, no puede sentar las bases de su aislamiento nacional e internacional por el simple capricho de unos políticos que confunden sus intereses particulares con el beneficio social común".

En este sentido, la confederación de padres recuerda que "la riqueza cultural -y especialmente la lingüística- de Cataluña ha estado siempre en la convivencia del catalán y del castellano. Establecer obstáculos insalvables para la presencia de ambas lenguas, negar a buena parte de la sociedad la educación en su lengua materna, es el primer paso para acabar con la riqueza cultural de Cataluña. Y lo que es aún más importante, para aislarla y convertirla en un ghetto en el que prima la exclusión social de todos aquellos que no puedan certificar su "pureza lingüística".

Se salta a la torera la ley del Estado

Pero, además de la imposición de la lengua catalana, esta ley contiene otras cuestiones que la hacen inadmisible en opinión  de CONCAPA. Entre ellas, destaca la de "saltarse a la torera la legislación básica del Estado, que otorga homogeneidad al sistema educativo y permite homologar los estudios de los españoles cualquiera que sea el lugar en el que los hayan realizado".

"El intento por construir un sistema educativo propio en Cataluña debe tener una respuesta contundente y eficaz del Gobierno central, porque de lo contrario los títulos académicos expedidos en Cataluña podrían no cumplir con las exigencias legales para su reconocimiento en otros lugares de España. Lo que constituye, sin lugar a dudas, otro perjuicio de gravísimas consecuencias para los estudiantes catalanes", afirma ante ello el colectivo.

CONCAPA exige por ello que la Administración del Estado, que cuenta con instrumentos como la Alta Inspección, "ejerza sus funciones y ponga coto a los excesos que se comenten en las Comunidades Autónomas, sea cual sea el color político de su Gobierno y sea cual sea su potencial social y económico. La igualdad de todos los españoles en cualquier parte del territorio nacional está por encima de bastardos intereses políticos".

En todo caso, añade que "quienes apoyan normas que van contra el ordenamiento jurídico nacional, quienes se consideran a sí mismos por encima de la ley, no podrán quejarse ni mucho menos reprimir los incumplimientos y la inobservancia que, a buen seguro, provocará esta Ley de Educación entre aquellos que se niegan a ser aborregados por el poder y están dispuestos a defender sus derechos y su libertad de modo pacífico y legítimo".

Finalmente, CONCAPA rechaza también que la Ley de Educación de Cataluña otorgue preferencia al principio de coeducación, "el cual interpreta torticeramente para impedir el desarrollo de modelos pedagógicos diversos y que no son del gusto de los dirigentes políticos, siempre preocupados y ocupados en eliminar la pluralidad -y, por tanto, la libertad- del sistema educativo en particular, y de la sociedad en general".

Por todo ello, CONCAPA concluye que "la reacción de los dos principales partidos que, de momento, no dudan en emplear diferentes varas para medir y ejecutar la política lingüística en las diferentes CCAA, va a demostrar a la sociedad civil si les preocupa la defensa de sus intereses partidarios o los de todos los españoles".